A fin del año pasado, Boric concedió el indulto a 13 personas condenadas en el marco del estallido social de octubre de 2019, en una polémica medida que el mandatario justificó como una promesa de campaña. Pero con el paso del tiempo, desde el propio oficialismo se catalogaron como un error, porque se produjeron en medio de una crisis de seguridad pública. Le costaron, entre otros asuntos, la salida de su ministra de Justicia, Marcela Ríos. El avance de la delincuencia, además, impulsó el avance del derechista Partido Republicano, que promete mayor eficacia para tener orden público.

La oposición de derecha salió en bloque a reprochar al gobierno y, en especial, al mandatario. “Luis Castillo, delincuente indultado por el presidente Boric a pesar de la opinión contraria de Gendarmería, detenido por secuestro. Como lo dijimos, este gobierno es un peligro para la seguridad de los chilenos”, escribió el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El caso convulsionó al oficialismo chileno que se mantenía optimista con respecto a los comicios de este domingo, pero ahora la sensación pasó a ser de pura preocupación. Además, junto a la detención de Castillo también se informó la detención de dos funcionarios involucrados al Caso Convenios, el escándalo político que impactó al partido de Boric por dineros traspasados desde el Ministerio de Vivienda a la Fundación Democracia Viva.

Se trata de Carlos Contreras y del exdirector ejecutivo de Democracia Viva, Daniel Andrade, que fueron detenidos por un millonario convenio fraudulento entre la fundación y el gobierno. Lo que generó otro duro golpe para Boric y aumentó la incertidumbre sobre las elecciones del domingo.

En un giro respecto del primer proceso, dominado por independientes y militantes de izquierda, este segundo esfuerzo por votar una nueva protesta de Constitución estuvo liderado por la derecha conservadora.

Este segundo proceso además nació con pocas perspectivas positivas tras el fracaso del año pasado, en medio del desinterés, el cansancio de la población y un alto número de indecisos. Y aunque en las últimas semanas la brecha entre el “a favor” y el “en contra” se acortó, desde el inicio los sondeos dieron ventaja a la opción de rechazarlo.

Por ahora “no es razonable dar por cierto lo que están diciendo las encuestas. Creo que la distancia no es suficiente como para dar por segura una victoria de uno u otro”, dijo Claudia Heiss, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

El último sondeo telefónico de la firma privada Cadem divulgado a fines de noviembre, mostró que 38 por ciento aprobaría la nueva Constitución (+6 puntos sobre la medición previa) y que 46 (-3 puntos) la rechazaría. Un 16 por ciento no opinó.