La solicitud de intervención, según se desprende de publicaciones en la red social X y reportes periodísticos, está vinculada a una investigación preliminar iniciada en septiembre de 2024. En ese entonces, una mujer presentó una denuncia contra Boric, acusándolo de acoso sexual y difusión indebida de imágenes íntimas, hechos que habrían ocurrido entre 2013 y 2014, cuando el actual presidente realizaba prácticas profesionales en Punta Arenas.

La gravedad de las acusaciones, aunque aún sin formalización, llevó a la Fiscalía a explorar medidas invasivas, como la intervención telefónica, para recabar evidencia. Sin embargo, la negativa del juzgado ha dejado en suspenso los avances de la investigación, mientras el caso sigue bajo estricta reserva.

Por su parte, el gobierno chileno no ha ocultado su preocupación ante este episodio. Altos funcionarios, citados por el medio Exante, señalaron que intervenir el teléfono de un presidente en ejercicio podría comprometer la seguridad nacional, dado el acceso a información sensible que implica el cargo. En este contexto, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, ha insistido en la necesidad de que la Fiscalía aclare públicamente los detalles de la solicitud.

Esta postura refleja el temor del Ejecutivo a que la controversia alimente narrativas de descrédito contra Boric, especialmente en un escenario político polarizado. La exigencia de transparencia, según Vallejo, busca evitar que las especulaciones se conviertan en un arma contra la estabilidad del gobierno.

No obstante, la defensa de Boric ha tomado una postura proactiva para contrarrestar las acusaciones. El abogado Jonatan Valenzuela, representante del presidente, sostiene que Boric fue víctima de un acoso sistemático por parte de la denunciante.

Según la defensa, entre 2013 y 2014, la mujer envió al entonces estudiante de derecho 25 correos electrónicos, algunos con imágenes explícitas no solicitadas. Estos mensajes fueron entregados a la Fiscalía el 22 de octubre de 2024 como prueba de la falsedad de la denuncia.

Esta estrategia defensiva busca no solo desacreditar las acusaciones, sino también reposicionar a Boric como víctima de un supuesto montaje con fines políticos. En efecto, las sospechas de motivaciones políticas han ganado terreno en el debate público.

Figuras como el senador Juan Luis Castro apuntaron al abogado de la denunciante, vinculado al Partido Republicano, como posible artífice de una maniobra para dañar la imagen del jefe de Estado.

Sin embargo, la falta de evidencia concreta sobre una conspiración mantiene estas afirmaciones en el terreno de la especulación, mientras la Justicia sigue su curso sin pronunciarse sobre los verdaderos alcances de la investigación.

A medida que el caso avanza, la opinión pública permanece dividida. Por un lado, sectores opositores exigen que se investigue a fondo cualquier indicio de irregularidades en el pasado de Boric, argumentando que nadie está por encima de la ley. Por otro, los partidarios del presidente denuncian una persecución mediática y judicial que busca desestabilizar su gestión.

En este sentido, el rechazo del juzgado a la intervención telefónica ha sido interpretado por algunos como una victoria para Boric, pero también como una señal de que la investigación no ha concluido. La incertidumbre sobre los próximos pasos de la Fiscalía mantiene en vilo a La Moneda, que enfrenta el desafío de gestionar una crisis de imagen sin precedentes.

Así, el intento de intervenir el celular de Boric abrió un capítulo complejo en su presidencia. La investigación, aún en fase preliminar, no solo pone en tela de juicio su conducta pasada, sino que también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la justicia, la privacidad y la seguridad nacional.

Mientras la Fiscalía guarda silencio y el Gobierno busca tapar las repercusiones, aunque el caso promete seguir alimentando el debate político en el país.