En este escenario, una interceptación telefónica autorizada por la justicia, realizada por la PDI, reveló una conversación entre Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, fundador de ProCultura.

Este diálogo, registrado en octubre de 2024, forma parte de una investigación que incluye a 17 personas cuyos teléfonos fueron intervenidos, según informó Ciper.

Además, un escrito presentado por el fiscal de Coquimbo ante el tribunal de Antofagasta, en un intento fallido de interceptar el celular del Presidente, detalla que recursos obtenidos por ProCultura habrían sido desviados para financiar irregularmente la campaña presidencial de Boric.

El documento del fiscal cita una conversación entre Patricia Ilonka Csillag, cofundadora de ProCultura, y Constanza Gómez, su representante legal, con una tercera persona llamada Lucía. En ella, Lucía menciona una deuda pendiente y una discusión con Larraín, quien habría admitido haber gastado los fondos en la campaña de Boric, negándose a saldar el compromiso. Este antecedente ha intensificado las sospechas sobre el manejo de los recursos de la fundación.

Asimismo, la investigación ha señalado a Sebastián Balbontín, exconsejero regional, por su vínculo con Larraín y ProCultura. El análisis de las cuentas de la fundación reveló transacciones por más de 53 millones de pesos hacia Balbontín entre 2021 y 2023. Además, se destaca su participación en reuniones previas a un convenio de 248 millones de pesos en Valparaíso, lo que ha generado interrogantes sobre posibles aportes a sus campañas políticas.

Alberto Larraín, psiquiatra y exdirector de ProCultura, emerge como una figura clave en esta trama. Con antecedentes de cercanía a la Democracia Cristiana, Larraín se acercó a Boric tras el estallido social de 2019, colaborando en iniciativas de salud mental. En 2018, coordinó una bancada transversal impulsada por Boric, y en 2021 ambos publicaron una columna conjunta sobre este tema. Sin embargo, Larraín ha negado ser parte del círculo íntimo del Presidente.

Por su parte, Josefina Huneeus, especialista en psiquiatría infantojuvenil, ha sido vinculada a ProCultura a través de su exesposo, Larraín. Actualmente, trabaja en el Hospital Calvo Mackenna y es consejera del Colegio Médico. Su teléfono fue interceptado, lo que motivó un recurso de amparo presentado por su abogado, alegando ilegalidad en la diligencia.

Patricia Ilonka Csillag, cofundadora de ProCultura y gestora cultural, también está bajo escrutinio. Su trabajo en la fundación, inicialmente enfocado en la difusión del patrimonio, evolucionó hacia la gestión de proyectos. En octubre de 2024, su teléfono fue incautado por la PDI, al igual que el de Constanza Gómez.

Finalmente, Sebastián Balbontín, quien buscó la alcaldía de Limache en 2024 sin éxito, aparece vinculado por transferencias bancarias y su rol en proyectos de ProCultura. La fiscalía también identificó que Catalina Rengifo, ligada a la fundación, trabajó en las campañas de Balbontín, reforzando las sospechas de irregularidades.

Esta investigación, con sus ramificaciones políticas y judiciales, sigue generando un profundo impacto en la administración de Boric, mientras las acusaciones de mal uso de fondos y escuchas telefónicas mantienen el caso en el ojo público.