La justificación esgrimida por La Moneda sería que este bono beneficia principalmente a las clases altas, un argumento que no resiste un análisis profundo de los datos y que ha generado rechazo entre sectores sociales y políticos.

El argumento de que el Bono Bodas de Oro favorece a las clases altas es, en términos simples, falso. Según los requisitos establecidos por el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), este beneficio está dirigido exclusivamente a parejas que pertenezcan al 80 por ciento más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Este criterio asegura que solo las familias de ingresos bajos y medios puedan acceder al bono, excluyendo de plano a los sectores de mayores recursos.

Además, el bono exige que los beneficiarios acrediten residencia en Chile durante al menos cuatro de los últimos cinco años y que no estén separados o divorciados, lo que refuerza su enfoque en parejas de larga data con vínculos estables, muchas de las cuales dependen de pensiones modestas.

En 2024, según datos del IPS, se entregaron aproximadamente 10.000 bonos, lo que evidencia que no se trata de un beneficio masivo ni elitista, sino de un reconocimiento focalizado en un segmento vulnerable que ha cumplido medio siglo de vida matrimonial.

La narrativa de que el bono beneficia a las clases altas parece más bien un intento de justificar una medida impopular, desviando la atención de su verdadero impacto: privar a adultos mayores de escasos recursos de un apoyo económico simbólico pero significativo.

En un país donde el 80 por ciento de las pensiones son inferiores al salario mínimo, según la Fundación Sol, eliminar este bono representaría un nuevo golpe a la calidad de vida de los jubilados.

La posible eliminación del bono ha generado críticas tanto en el Congreso como en organizaciones de adultos mayores. Por su parte, la Unión Nacional de Pensionados ha anunciado movilizaciones si la medida se concreta, argumentando que el bono es un derecho ganado y no un gasto prescindible.

Eliminar este beneficio también plantea interrogantes sobre la estrategia fiscal del Gobierno. En un escenario donde el Ejecutivo busca financiar iniciativas como la modernización de la educación pública o el fortalecimiento de la salud primaria, cortar un bono que beneficia a un grupo tan específico y vulnerable parece una medida de dudosa eficacia, tanto en términos económicos como políticos.

¿Cuánto se ahorraría realmente?

El Bono Bodas de Oro tiene un monto actualizado al 1 de octubre de 2024 de 445.352 pesos por pareja, dividido en partes iguales (222.676 pesos por cónyuge). Según estimaciones basadas en datos del IPS, en 2024 se entregaron cerca de 10.000 bonos, lo que equivale a un gasto anual aproximado de 4.453 millones de pesos (unos 4,7 millones de dólares al tipo de cambio actual).

Si el Gobierno eliminara este beneficio, el ahorro representaría menos del 0,01 por ciento del Presupuesto Nacional de 2025, proyectado en 73.270 millones de pesos. Esta cifra pone en perspectiva la relevancia fiscal de la medida: el impacto en las arcas públicas sería insignificante frente al costo social y político de privar a miles de adultos mayores de este reconocimiento.