En un mensaje televisado, Boric destacó el trabajo de una comisión que, durante dos años, convocó a más de cinco mil personas para elaborar recomendaciones sobre este problema histórico. No obstante, el anuncio llega teñido de críticas, pues el Ejecutivo parece reciclar promesas ya presentadas en el fallido proceso constituyente, sin explicar cómo superará los obstáculos que hundieron aquella iniciativa.

En este contexto, Boric afirmó que, desde el segundo semestre, se implementará un sistema de entrega de tierras indígenas más eficiente, transparente y con criterios claros. Esta medida, según el mandatario, busca reparar deudas históricas y cerrar el conflicto de manera definitiva, atacando sus raíces más profundas, aunque no detalló cómo logrará concretar lo que antes no pudo.

Asimismo, el presidente anunció un proceso de consulta al pueblo mapuche sobre la nueva institucionalidad propuesta, en línea con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta consulta, que busca dar legitimidad a las medidas, repite promesas de la reforma rechazada, lo que genera escepticismo sobre su viabilidad en un clima político polarizado.

En otro ámbito, Boric señaló que se fortalecerá el programa de apoyo a víctimas de la violencia rural, con atención psicosocial y acompañamiento continuo. Además, el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de reparación integral, otro eco de las propuestas constitucionales que no lograron respaldo popular.

De igual forma, el mandatario insistió en una reforma para el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, siguiendo las recomendaciones de la comisión, y anunció la creación de un órgano de representación indígena ante el Estado. Sin embargo, estas ideas, ya planteadas en el proceso constituyente fallido, enfrentan el desafío de convencer a un Congreso y una opinión pública que antes las desestimaron.

Finalmente, Boric instruyó al ministro de Economía elaborar un plan de reactivación e inversión en Arauco y Malleco, enfocado en empleo y emprendimiento. Aunque el anuncio busca proyectar compromiso, la sombra del rechazo constitucional persigue estas medidas, dejando interrogantes sobre su capacidad de materializarse en un contexto de desconfianza y promesas incumplidas.