En consecuencia, el escándalo generó reacciones inmediatas. Desde la oposición se anunció que se acudirá al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para sancionar a los responsables, mientras que el Gobierno ordenó sumarios internos en las 788 reparticiones implicadas.

Esta respuesta busca esclarecer las irregularidades y castigar a quienes abusaron de las licencias médicas, evidenciando la negligencia estatal en la supervisión de estos procesos.

En este contexto, la contralora Dorothy Pérez compareció ante la Comisión de Salud del Senado para detallar los hallazgos. Expuso casos graves, como el de una funcionaria de la Dirección de Presupuesto que, con 332 días de licencia médica, emitía boletas de honorarios como psicóloga y publicaba actividades recreativas en redes sociales.

Otros funcionarios viajaron por Europa o completaron estudios en el extranjero mientras estaban supuestamente incapacitados, lo que refleja un sistema de control deficiente que el Estado no supo detectar a tiempo. A su vez, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estimó en 300 millones de dólares las pérdidas para el gobierno central por estas irregularidades.

En respuesta, 131 organismos públicos ya iniciaron sumarios para identificar y sancionar a los infractores. Además, la Contraloría anunció auditorías anuales a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), la Superintendencia de Seguridad Social y Fonasa, así como a Capredena y Dipreca, instituciones responsables de pensiones y beneficios de policías y Fuerzas Armadas, para corregir la falta de fiscalización.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric, desde Puerto Varas, calificó estas prácticas como una “defraudación a la fe pública” y exigió sanciones drásticas, sin excepciones. Las primeras consecuencias ya se hicieron visibles: Raúl Domínguez Bastidas, jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, renunció tras revelarse su viaje a Europa con licencia médica.

Asimismo, Marcos Barraza, exministro y asesor del Ministerio del Trabajo, dimitió por un caso similar, y el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, fue suspendido por su partido tras viajar a Tacna estando de baja médica.

Este escándalo pone en evidencia la ineficacia del Estado para controlar el uso indebido de licencias médicas, permitiendo un abuso masivo que ha generado un profundo rechazo social y exige medidas urgentes para restaurar la confianza pública.