La medida fue comparada por Boric con la decisión del expresidente Sebastián Piñera, quien en 2013 clausuró el Penal Cordillera, otra cárcel especial para exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos. “Tal como hiciera el Presidente Piñera, hoy estamos poniendo fin a Punta Peuco como se le ha conocido”, declaró.

El jefe de Estado destacó que esta transformación no solo responde a un imperativo de justicia, sino también a una necesidad de gestión carcelaria. “No es solamente una medida de justicia; es también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario”, subrayó.

Durante su discurso, Boric hizo un reconocimiento a las víctimas de la dictadura, a los familiares de desaparecidos y ejecutados políticos, y a quienes han mantenido viva la memoria histórica. “Sin su lucha, sin su porfiado recuerdo, no estaríamos hoy aquí”, expresó.

El anuncio se inscribe en una política más amplia impulsada por el gobierno, que incluye el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, lanzado en 2022, y que busca esclarecer el destino de personas detenidas desaparecidas durante el régimen militar.

Con esta decisión, el Gobierno responde a un reclamo histórico de organizaciones de derechos humanos y de amplios sectores de la ciudadanía, que durante décadas exigieron que los autores de crímenes de lesa humanidad cumplan sus condenas en condiciones equivalentes a las del resto de la población penal.