Bonati, casada con Simón Boric, hermano del mandatario, presentó su dimisión el 29 de mayo mediante una carta oficial. En ella, admitió los viajes, pero negó haber actuado con dolo, alegando desconocer que estaba prohibido salir del país durante la extensión de su postnatal. “Fue una alergia alimentaria de mi hijo. No sabía que no podía viajar”, declaró al canal 24 Horas.

Su excusa, sin embargo, no logra apagar el incendio político que su caso ha desatado, especialmente por su cercanía con el presidente. Desde noviembre de 2020, Bonati trabajaba en la Segegob, y su renuncia, según el gobierno, busca “resguardar el prestigio” de la institución, un argumento que suena irónico ante el creciente descrédito de la administración Boric.

La investigación de la Contraloría reveló que los organismos más afectados son la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2.280 licencias vinculadas a viajes, y la Fundación Integra, con 1.934.

Los desplazamientos internacionales se concentraron entre septiembre y diciembre, en plena primavera y verano austral, lo que sugiere un uso indebido de licencias para fines recreativos. El escándalo no solo salpica a Bonati, sino también a funcionarios de Carabineros y el Ejército, lo que agrava la crisis de confianza en el sector público.

El gobierno, a la defensiva, confirmó un sumario administrativo en la Subsecretaría General de Gobierno para investigar el caso de Bonati, mientras la Fiscalía Nacional abrió una causa penal por presunto fraude al fisco.

Se indaga, además, la posible participación de médicos que emitieron licencias falsas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció la creación de un Comité Nacional de Ausentismo y medidas como sumarios, reintegro de fondos y colaboración con el Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, estas acciones llegan tarde para un gobierno que parece desmoronarse bajo el peso de sus propios errores.

La oposición no perdió la oportunidad de capitalizar el escándalo. Evelyn Matthei, ex alcaldesa de Providencia y candidata presidencial, calificó los hechos como un “delito de fraude al fisco”. Por su parte, la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió la renuncia de todos los involucrados, acusando al gobierno de tolerar un “fraude masivo al Estado”.

El caso de Bonati, lejos de ser un incidente aislado, simboliza el descontrol en la gestión de Boric. Que hasta su cuñada esté envuelta en un escándalo de esta magnitud evidencia una administración que no solo pierde apoyo popular, sino también la lealtad de su círculo más íntimo.