Esta iniciativa colisiona directamente con el Convenio Argentino-Chileno de Transporte Terrestre en Tránsito, firmado el 15 de noviembre de 1976 y refrendado por la ley Nro. 21.458.

Dicho acuerdo garantiza la libre circulación de vehículos pesados entre ambos países, permitiendo conectar puntos de un mismo territorio a través del otro. Una reliquia de la cooperación austral que, al parecer, Chubut considera negociable.

En los años setenta, Chile exportaba cerca de 2.000 millones de dólares anuales, principalmente en cobre y minerales. Punta Arenas albergaba 67.000 habitantes, lejos de los 140.000 actuales, mientras Puerto Natales, hoy epicentro de la salmonicultura y el turismo, apenas reunía 10.000. Muchos de sus trabajadores dependían entonces de la mina de carbón de Río Turbio, a 35 kilómetros, en suelo argentino.

Pero, lamentablemente, estos roces no son cosa nueva. En las últimas cuatro décadas, la Región de Magallanes se ha erigido como pilar económico de Chile, con exportaciones superiores a los 1.200 millones de dólares en sectores como petróleo, gas, pesca y salmonicultura, a los que se suman 400 millones por turismo internacional. Este dinamismo intensificó el tráfico de camiones que transportan salmón, trucha y frutas, generando ingresos anuales de 15.000 millones de dólares.

La frontera entre Chile y Argentina, esencial para este comercio, soporta crecientes tensiones. En 2023, Walter Cortés, hoy intendente de Bariloche, ensayó una queja similar por el uso de la ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche.

Chile, con un recordatorio del pacto de 1976, acalló la disputa. Sin embargo, Torres, impertérrito ante los antecedentes, insiste en fijar un tributo cuyo monto aún no se precisa, en un gesto que coquetea con el conflicto diplomático.

Torres sostiene que Chubut asumirá los costos de reparar la ruta 40, transitada a diario por camiones chilenos cargados de productos como verduras y salmón. “Mantener la vía sin abordar la causa raíz nos condena a un deterioro recurrente”, afirmó, sin aludir al desfinanciamiento de la obra pública bajo el desgobierno de Javier Milei.

Mientras tanto, Chile invirtió 30.000 millones de dólares en las últimas tres décadas para modernizar su red vial, con exportaciones que escalaron de 15.000 a más de 100.000 millones de dólares. Además, avanza en un proyecto de conectividad con puentes y barcazas, valuado en 10.000 millones y proyectado a medio siglo.

Además, hay que destacar que, los transportistas de nuestro país ya enfrentan cargas en Argentina: 1.000 pesos por trámites migratorios, 45.000 pesos por servicios del SENASA y 50.000 pesos por restricciones horarias en los pasos fronterizos, limitados a 16 horas.

En otras palabras, el gobernador se ve obligado a implementar esta tasa ante el desfinanciamiento, nos quiere pasar la factura que los ajustazos que su prescindente Milei le pasó.