Sin embargo, sus palabras, lejos de apaciguar las aguas, encendieron aún más los ánimos de la oposición chilena, que lo acusa de encubrir a sus allegados y de manejar el asunto con una torpeza que raya en lo grotesco.

El intento de compra, valuado en 933 millones de pesos chilenos (unos 936 mil dólares), se anunció el último día de 2024, pero el escándalo estalló al iniciarse el 2025. La Constitución chilena prohíbe a ministros y parlamentarios realizar contratos con el Estado durante su mandato, so pena de perder sus cargos.

Este “error no forzado”, como lo califican algunos, derivó en la salida de figuras clave del gobierno de Boric: la senadora socialista Isabel Allende, hija del expresidente, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende.

El caso, iniciado tras una querella por fraude al fisco presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, ha sido descrito como un “autogol” que expone la falta de tino del Ejecutivo.

El presidente de la Comisión Investigadora, el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional), no escatimó en críticas al desmenuzar la respuesta de Boric. “Lo que dijo es insuficiente. Asegura que todos colaboraron con la investigación, pero eso es falso. Muchos de los involucrados, con responsabilidad directa, fueron convenientemente apartados de sus cargos”, disparó Longton, quien recordó las palabras de la exministra Sandoval.

Ella misma admitió que al gobierno le faltó criterio al avanzar en una operación que, además de ilegal, era éticamente cuestionable. Longton también señaló que, pese a los sumarios internos prometidos por Boric, “han pasado meses y los 17 abogados que revisaron el decreto siguen en sus puestos, sin rendir cuentas”.

El diputado apuntó directamente a Francisca Moya, jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, a quien acusó de ser la responsable de validar los decretos que llegan al escritorio presidencial.

“Es íntima amiga de Boric, y probablemente por eso sigue intocable”, ironizó Longton, sugiriendo un favoritismo que apesta a protección política. Además, denunció un “pacto de silencio” dentro del gobierno para resguardar a ciertos implicados, asegurando que, de no ser por las escuchas al señor Crispi, un actor clave en el proceso, la verdad sobre la participación de la familia Allende seguiría oculta.

Por su parte, la diputada Paula Labra, también integrante de la comisión, fue igualmente dura. “El gobierno no ha respondido ninguna de las preguntas del cuestionario. Nadie asume quién impulsó esta iniciativa, a pesar de sus evidentes vicios constitucionales”, sentenció.

Labra subrayó que aún persisten responsabilidades sin aclarar, dejando en evidencia la opacidad de un gobierno que, según la oposición, parece más preocupado por salvar el pellejo de sus aliados que por rendir cuentas a la ciudadanía.

Este caso nos recuerda la importancia de la transparencia en la gestión pública. El espectáculo chileno, con un Boric que se escuda en evasivas mientras su entorno se desmorona, no solo daña su credibilidad, sino que pone en entredicho la seriedad de un proyecto político que prometía rectitud y renovación. ¿Hasta cuándo durará este juego de culpas y silencios en La Moneda?