La diligencia, ejecutada por el OS7 de Carabineros, no requirió de una orden judicial de entrada y registro, ya que Orrego, con su característica disposición a cooperar cuando el cerco se cierra, coordinó con su defensa la entrega voluntaria de los dispositivos. Interrumpiendo una actividad en Pudahuel, el gobernador regresó a su hogar para cumplir con la solicitud, en un gesto que no logra disipar las sombras sobre su gestión.

El trasfondo de esta acción judicial se remonta a un informe de la Contraloría General de la República, que puso la lupa sobre una cuestionable contratación de 31 millones de pesos para una supuesta asesoría de "coaching directivo".

Según el organismo, el detalle de las actividades de esta asesoría incluía referencias explícitas a estrategias electorales, un desvío de recursos públicos que apunta directamente a la campaña de Orrego. Este hallazgo, lejos de ser un tecnicismo administrativo, revela una maniobra que compromete la ética de la autoridad regional.

A raíz de estas acusaciones, la Contraloría no solo inició un sumario administrativo, sino que remitió los antecedentes al Ministerio Público para que determine las responsabilidades penales.

Mientras tanto, Orrego, en un intento por blindarse, contrató los servicios del estudio de abogados Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann (BACS), conocido por defender a la psiquiatra Josefina Hunneus en el caso ProCultura, otra investigación que salpica al gobernador y que no hace más que agravar su situación.

El próximo jueves 19 de junio, Orrego deberá presentarse a declarar ante la Fiscalía, un momento crítico que podría definir el rumbo de su mandato. Sin embargo, las repercusiones no se limitan al ámbito judicial.

Consejeros regionales de oposición, olfateando la debilidad del exmilitante de la Democracia Cristiana, iniciaron un proceso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para buscar su destitución, colocando al mandatario en una posición cada vez más precaria.

Así, mientras Orrego intenta mantener el equilibrio en la cuerda floja de su gestión, sus decisiones no solo manchan su reputación, sino que complican las relaciones institucionales y diplomáticas de la Región Metropolitana, proyectando una imagen de inestabilidad que trasciende las fronteras locales.