La propuesta se basa en las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, creada en 2023, que calificó el actual sistema de acceso a tierras como “deficiente” y con “resultados intolerables” para los mapuches, quienes enfrentan largas esperas para la restitución.

En este sentido, Boric destacó que el nuevo mecanismo permitirá “cerrar el tema de tierras de manera definitiva” y cumplirá con el Convenio 169 de la OIT, sometiendo el proyecto a consulta con las comunidades mapuche durante el segundo semestre de 2025.

Además, el Gobierno enviará al Congreso una reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas, pese a la falta de mayoría parlamentaria. En paralelo, se creará un órgano estatal de alto rango para asuntos indígenas y un plan de reactivación económica en Arauco y Malleco, zonas golpeadas por la violencia rural.

Estas medidas intentan abordar un conflicto originado en la “Pacificación de La Araucanía” del siglo XIX, cuando el Estado despojó a los mapuches de sus tierras para favorecer a empresas forestales.

Actualmente, regiones como Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos sufren ataques incendiarios contra propiedades y maquinaria, con víctimas fatales entre comuneros, policías y tensiones por presos indígenas en huelga de hambre. Boric insistió en resolver el conflicto “con las herramientas de la democracia”, calificando el informe de la Comisión como una “oportunidad única” para la paz.

Sin embargo, la decisión de Boric de entregar tierras a grupos que recurrieron y aún recurren a la violencia, en lugar de garantizar justicia y seguridad, genera obvios críticas de aquellos que esperaban que, en lugar de dar el brazo a torcer, solucione a través de la ley esta avanzada terrorista.