El caso más reciente, ocurrido esta semana en el Regimiento Nro. 2 "Maipo" en Valparaíso, es de película de bajo presupuesto: seis sujetos redujeron a dos conscriptos y se llevaron dos fusiles de guerra como si fueran souvenirs. Pero esto no es nuevo. En 2022, en el Regimiento Chacabuco de Concepción, dos fusiles volaron; uno sigue en el limbo.

Y en 2023, en el Regimiento Buin de Recoleta, una ametralladora –¡de museo, para más remate!– se esfumó sin dejar rastro. ¿Dónde están las armas, señores generales?

Las municiones, en tanto, parecen tener patas propias. Según datos del Ejército, obtenidos vía transparencia por Informe Especial, en 2022 se perdieron 27 unidades; en 2023, la cifra saltó a 85; y en 2024, hasta mayo, ya iban 70.

Lo peor: la mayoría no aparece. Estos "extravíos" no son exclusivos de un cuartel; han ocurrido desde Iquique hasta Coyhaique, pasando por Antofagasta, La Serena, Santiago, Temuco y más. Es como si el país fuera un patio trasero donde cualquiera puede servirse del arsenal militar.

Rodrigo Pino Riquelme, jefe del Estado Mayor General del Ejército, confirmó que 14 de los 17 casos involucran municiones y solo dos, armamento pesado. Pero la excusa de que "son solo balas" no cuela. ¿Qué pasa con los controles? ¿Quién rinde cuentas por este descontrol que pone en riesgo la seguridad nacional?

Mientras los ciudadanos pagamos por un ejército que debería protegernos, estos incidentes sugieren que algunos están más dedicados a engrosar el mercado negro que a cumplir su deber.