En un país donde el sueldo mínimo no alcanza para la canasta básica, este escándalo es un golpe a su credibilidad. La controversia la desató la derecha, cuestionando que Boric, aún joven, accederá pronto a una dieta de 7 millones de pesos mensuales, más 8 millones en “gastos operativos”.

En total, 16 millones al mes, 32 veces el sueldo mínimo. Entre 2000 y 2023, el Estado gastó 10.500 millones en estas prebendas, una cifra obscena frente a las urgencias sociales de Chile.

Boric intentó justificarlas: “Los expresidentes son instituciones que vale la pena cuidar”, dijo, argumentando que necesitan un “resguardo” para contribuir al debate público sin caer en intereses privados. Pero el argumento no convence.

Casos como SQM y Corpesca han expuesto los lazos entre política y negocios, y muchos parlamentarios, incluidos oficialistas, defienden estas dietas como intocables. Lejos de su promesa transformadora, Boric parece haberse plegado a la lógica concertacionista, negociando con la derecha y empresarios para sostener un régimen en crisis.

Frente a esto, figuras como Natalia Sánchez, exconcejala del Partido de Trabajadores Revolucionarios, muestran otra vía: cobró como maestra y donó el resto de su dieta a causas sociales, al igual que los diputados del Frente de Izquierda en Argentina, inspirados en la Comuna de París de 1871, donde los funcionarios ganaban como trabajadores y eran revocables.

Estas prácticas desafían el sistema de privilegios que Boric, hoy, parece avalar. La corrupción y las prebendas son intrínsecas a un sistema capitalista que fusiona política y grandes capitales.

Boric, que prometió combatirlo, se limita a administrarlo, perpetuando sus vicios. La pregunta es si alguna vez impulsará una alternativa que acabe con esta casta política. Por ahora, su discurso anti-privilegios suena a eco vacío.