Los responsables, aún desconocidos, habrían usado armamento de guerra, según antecedentes preliminares. Diputados como Frank Sauerbaum, Carla Morales y Miguel Becker enviaron un oficio al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para que el Ejecutivo deje de lado las excusas y presente una querella bajo la Ley Antiterrorista.

Criticaron con dureza que el gobierno optara por una querella por asociación criminal y homicidio calificado, desechando el estatuto antiterrorista con el pretexto de no entorpecer la investigación.

“La acción armada organizada y el resultado letal configuran de manera evidente las conductas que la nueva Ley Antiterrorista busca sancionar”, sentenciaron los parlamentarios, acusando a Boric de ceder ante los reparos históricos de la centroizquierda para no aplicar esta norma en crímenes que se esconden tras supuestas reivindicaciones territoriales.

El ataque ocurrió en Selva Oscura, cuando la camioneta de los guardias, que trabajaban para CMPC, fue emboscada a balazos. Desde el gobierno condenaron el hecho, pero aún no confirman si usarán la Ley Antiterrorista, a la espera de los resultados de la investigación.

Por otro lado, la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigiendo protección al derecho a la vida y al trabajo en la Macrozona Sur.

Su gerente, René Muñoz, apuntó al ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, por su silencio: “¿Qué ha dicho el Ministerio del Trabajo respecto de la muerte de este trabajador? ¿Ha habido alguna declaración, algún alcance?”. Boccardo, con una respuesta evasiva, dijo que su cartera se limita a “mecanismos de mediación” y que Seguridad e Interior manejan el tema.

Mientras tanto, el senador Gastón Saavedra (PS) defendió mantener el Estado de Excepción en zonas críticas, pero sugirió levantarlo en comunas con menos violencia. La investigación por el ataque sigue en curso, sin detenidos ni reivindicaciones claras.