En enero, la Presidencia de la República contrató a Jonatan Valenzuela Saldías por un monto de 350 UF (aproximadamente $14 millones de pesos) para defender al Mandatario. Gabriel Boric declaró como imputado el pasado 28 de marzo en La Moneda.

Tras esta contratación, Raimundo Palamara, representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, presentó una acción penal acusando una presunta malversación de caudales públicos. Palamara argumentó que la autorización de la Contraloría para la defensa de funcionarios con fondos fiscales solo aplica para funciones legítimas dentro del ejercicio de sus tareas.

La Audiencia de Sobreseimiento Definitivo

El fiscal adjunto Ricardo Soto, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijar una audiencia de sobreseimiento definitivo para el Presidente. La audiencia fue programada para el 14 de noviembre a las 9 AM en el Centro de Justicia.

El abogado querellante, Raimundo Palamara, se opuso a la solicitud mediante un escrito, argumentando que sería contrario al Código Procesal Penal, dado que la indagatoria no está formalizada. Palamara declaró que esto representa una “buena noticia para los políticos corruptos”. Añadió: “Si Gabriel Boric no tenía dinero para pagar su defensa a fin de justificar la venta de la casa a quien era su ministra y a la exsenadora, debía recurrir a la Defensoría Penal Pública y no seguir abusando de su posición”.

Por el momento, Jonatan Valenzuela, el abogado contratado por el Presidente, no ha proporcionado información al respecto. El Ministerio Público tampoco ha anunciado formalizaciones en la causa que se abrió en enero.