El proyecto, que fusiona iniciativas presentadas entre 2011 y 2018, permite la muerte asistida para mayores de 18 años con enfermedades graves, incurables o terminales, que causen un sufrimiento intolerable y sin alivio. Dos médicos especialistas y un psiquiatra deberán confirmar el diagnóstico y la capacidad mental del paciente. Una comisión técnica revisará cada caso, se regulará la objeción de conciencia y se garantizará el derecho a arrepentirse.

Pero la tramitación parece más una maniobra de última hora. Desde diciembre de 2024, el proyecto estuvo empantanado, y Boric, que en su cuenta pública de 2024 prometió apurarlo, ha jugado al gato y al ratón: la “urgencia” del proyecto fue puesta y sacada más de 30 veces sin avances concretos.

Ahora, con el reloj en contra, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dice estar “complacida” y espera que se apruebe antes de marzo de 2026. ¿Ilusión o cálculo político?

Casos como el de Valentina Maureira, quien en 2014 pidió eutanasia por su fibrosis quística, o el doctor Manuel Almeyda, que abogó por legislar, han marcado el debate. En Chile, más del 50 por ciento de la población apoya la idea, según encuestas.

Pero en un país donde solo Colombia y Ecuador han regulado la muerte asistida, la discusión no será fácil. El gobierno, en su recta final, apuesta por un proyecto que puede quedar en nada si no logra los votos.