El hijo de la víctima, Pablo San Martín, presentó la evidencia en un punto de prensa acompañado por abogadas defensoras y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Comité de Ética Contra la Tortura.

"Si me pasa algo, ya saben quién fue", advirtió San Martín, visibilizando la presión que enfrenta la familia en su búsqueda de justicia.

El audio contradice la línea investigativa de la Fiscalía, que se ha enfocado en los propios hijos de Julia mientras relega a Morstadt —dueño del predio donde fue vista por última vez— como sujeto de interés limitado.

La familia denuncia estrategias de criminalización en su contra, incluyendo el uso de testigos con identidad reservada, mientras se desatienden pruebas directas contra el empresario.

Las abogadas defensoras, entre ellas Karina Riquelme, califican el audio como "prueba crucial" ignorada por la justicia.

Sostienen que Morstadt mantenía un conflicto previo con Julia y su familia, y que la investigación no avanza hacia una formalización pese a su vinculación con el predio, armas no declaradas y movimientos financieros sospechosos.

Rodrigo Bustos, de Amnistía Internacional, enfatizó la responsabilidad del Estado chileno en proteger a defensores ambientales y el incumplimiento de medidas cautelares de la CIDH.

La familia convoca a una marcha nacional el 8 de noviembre, con concentraciones en Santiago y otras ciudades, para exigir que se investigue al verdadero responsable.

Julia Chuñil permanece como símbolo de lucha, mientras su familia enfrenta una doble batalla: justicia y defensa frente a la criminalización judicial.