Cuando la cronista le gritó “¿Señora Bernarda?”, ella asintió antes de encerrarse, dejando un reguero de preguntas sin respuesta. El escándalo estalló porque Vera figuraba en los registros oficiales de desaparecidos, lo que permitió que su familia, incluida una hija con discapacidad motora, recibiera una millonaria pensión estatal.

La oposición, con el diputado Jorge Alessandri (UDI) a la cabeza, estalló en críticas: “Son miles de millones de pesos de los contribuyentes malgastados”. Exigen que la Contraloría investigue, apuntando al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ex titular de Justicia, por su rol en el opaco manejo del Plan Nacional de Búsqueda.

Un boletín oficial admitió “incongruencias” en los registros de 1973, sugiriendo que la Comisión Rettig pudo errar al certificar la desaparición de Vera, condenada por un consejo de guerra.

Cordero, en un intento por apagar el incendio, dijo que no hay certeza de que sea ella y pidió esperar la investigación judicial. Además, se supo que el Estado tenía pistas desde Suecia, donde Vera habría vivido antes de volver a Argentina, pero no actuó.

Organismos de derechos humanos, como el historiador Pablo Seguel, piden no usar el caso para alimentar el negacionismo, argumentando que la magnitud de la represión explica posibles errores.