Organizaciones sociales y políticas han denunciado que, bajo el mandato de Boric, se han aprobado leyes que fortalecen la militarización y criminalizan la protesta social, afectando principalmente al pueblo mapuche y a la juventud de sectores populares.

Estas medidas, respaldadas por el Gobierno y partidos como el Partido Comunista, han sido promovidas por los medios de comunicación hegemónicos como respuestas necesarias al "desorden" o la delincuencia, reforzando una lógica punitiva que descarga todo su peso sobre los mismos de siempre: los pueblos originarios, los pobladores sin techo, los jóvenes populares y quienes se organizan por transformar esta realidad.

Casos emblemáticos como la desaparición de Julia Chuñil han evidenciado la complicidad de los medios en la desinformación y la criminalización de víctimas. La falta de cobertura y el cerco mediático en torno a estos hechos han sido denunciados por organizaciones sociales, que acusan al gobierno de Boric de no ejercer presión para garantizar una investigación transparente y justa.

Además, la relación entre el gobierno de Boric y los grandes empresarios de los medios ha sido objeto de críticas. Se ha señalado que el presidente ha mantenido una postura ambigua frente a las prácticas de estos conglomerados, permitiendo que continúen ejerciendo su influencia sin restricciones. Esta situación ha generado dudas sobre el compromiso del gobierno con la libertad de expresión y la pluralidad informativa.

En este contexto, se hace urgente fortalecer y defender los medios independientes y autogestionados, que informen con un enfoque crítico, al servicio del pueblo y no de los poderosos. Solo a través de una prensa libre y diversa se podrá garantizar una democracia real y participativa, capaz de cuestionar y fiscalizar el poder político y económico.