El proyecto exige que todo nuevo partido tenga presencia en ocho regiones, eliminando la opción de tres regiones contiguas. Además, duplica el requisito de afiliación desde cero coma veinticinco por ciento a cero coma cinco por ciento del padrón electoral por región, dificultando especialmente a movimientos locales.

Quienes organicen un partido tampoco podrán postular durante cuatro años y, sin representación parlamentaria, no accederán a financiamiento estatal, restringiendo su capacidad de acción.

Las candidaturas independientes también quedan cercadas: deberán reunir cero coma cinco por ciento del padrón electoral total, lo que dispara la cantidad de patrocinios necesarios. En comunas con baja participación, esta exigencia vuelve inviable que dirigentes sociales o territoriales compitan sin el respaldo de partidos instalados.

El proyecto fortalece además a los Comités Parlamentarios, obligando a diputadas y diputados a integrarse a uno y permanecer allí todo el mandato, incluso si rompen con sus partidos.

Los jefes de comité concentrarán decisiones sobre cupos en comisiones, reemplazos e intervenciones en Sala, profundizando la disciplina interna. Independientes dentro del Congreso solo podrán actuar si crean un comité propio o se suman a otro con autorización formal.

La reforma se instala en un contexto marcado por la crisis de legitimidad del sistema político tras años de escándalos de corrupción, cuestionamientos a instituciones clave y el impacto del estallido social de 2019.

En ese escenario, la urgencia del Ejecutivo busca asegurar la aprobación de un paquete que restringe derechos políticos y dificulta la emergencia de nuevas fuerzas que puedan disputar el control del régimen.