Su base operativa se concentraba en la Zona Franca de Iquique, desde donde desplegaban el método “pig slaughter”, que consiste en atraer a víctimas con falsas plataformas de inversión.

Los fondos obtenidos eran enviados a Chile y luego lavados a través de 119 sociedades comerciales, muchas de ellas establecidas en la Zofri. La trama incluía a un ejecutivo de un banco privado de la ciudad, quien habría facilitado giros millonarios en efectivo y transferencias internacionales eludiendo controles internos.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, explicó que la causa se inició cuando “un conjunto de ciudadanos norteamericanos -sin perjuicio de que también hay personas de otros países-, fueron víctimas de fraudes cometidos por vías informáticas”.

Añadió que el dinero ingresó a “una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, y al sistema financiero chileno (...) valiéndose de las estructuras y de las ventajas de la Zofri“.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló que los afectados invertían supuestamente en Chile y que los fondos “eran traspasados de una empresa a otra para, finalmente, no concretar las inversiones que las víctimas entendían estaban haciendo”.

Desde la PDI, su director nacional, Eduardo Cerna, subrayó movimientos inusuales, como “cobros de cheques por 400 mil y 500 mil dólares” en una misma jornada. Banco Santander informó que detectó operaciones sospechosas y presentó la denuncia que dio origen a la investigación el 10 de julio de 2025.