“Defender nuestros derechos no es defender privilegios; es defender el patrimonio legítimo de nuestros accionistas, la certeza jurídica con la que invertimos, el empleo de miles de trabajadores y la posibilidad de seguir produciendo alimentos de calidad para Chile y el mundo”, afirmó el gerente general de la firma, Ricardo García.

La normativa, que entró en vigencia a mediados de 2025, redujo cuotas de captura del sector industrial y traspasó licencias al sector artesanal, ampliando su participación hasta 2040. Camanchaca, controlada por la familia Fernández, estima que los perjuicios civiles alcanzan los 100 millones, cifra que deberá enfrentar la administración entrante.

“El Estado ofreció reglas claras, por un plazo definido y renovable, y Camanchaca tomó decisiones profundas y costosas confiando en esa palabra empeñada en la ley. Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo”, agregó García.

Según la empresa, en 2013 se acordó una reducción de cuotas a cambio de estabilidad regulatoria. La ley actual modificó ese marco siete años antes de su vencimiento, afectando especialmente al jurel. Para 2026, calculan una baja de unas 33 mil toneladas.