Según los primeros antecedentes, ambos internos eran los únicos ocupantes de la celda de castigo. El acusado fue encontrado durmiendo junto al cadáver y, al ser confrontado por el personal penitenciario, habría reconocido el homicidio. Posteriormente fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Santiago, mientras se profundiza la investigación judicial y penitenciaria.

En su declaración, el imputado sostuvo que actuó en “defensa propia” tras un supuesto ataque con arma blanca dentro de la celda, asegurando que hirió a la víctima en el cuello durante la pelea. Sin embargo, su testimonio generó mayor impacto al admitir que, tras el homicidio, entró en desesperación y comenzó a ingerir partes del cuerpo del fallecido, incluyendo zonas mutiladas, antes de cubrir el cadáver y permanecer en el lugar hasta la mañana siguiente.

El caso también reavivó cuestionamientos sobre las condiciones carcelarias y el historial del agresor, conocido como “Chico Ignacio”, quien había sido detenido en 2023 por robo con violencia, se fugó días después de su primera detención y fue posteriormente recapturado y deportado desde Argentina. Durante su permanencia en prisión acumuló faltas graves disciplinarias, entre ellas posesión de armas blancas, agresiones a internos y conductas violentas reiteradas.

Tras el crimen, Gendarmería de Chile dispuso la remoción del alcaide del penal de La Serena y abrió investigaciones internas para determinar eventuales fallas en los protocolos de seguridad, especialmente considerando que ambos reclusos tenían traslados programados a otros centros penitenciarios que no llegaron a concretarse.

El episodio, de extrema violencia, puso nuevamente en foco la seguridad en los módulos de castigo y el manejo de internos con antecedentes de conducta peligrosa dentro del sistema penitenciario chileno.