Desde la Oficina del presidente Electo, el concepto no es casual. Se articula con la noción de un “gobierno de emergencia” y pavimenta el camino para un ajuste que promete reordenar el gasto.

En la práctica, Kast busca instalar la idea de que recibirá un Estado desbordado y que la prioridad ya no será ejecutar su programa, sino apretar el cinturón.

Su propuesta apunta a que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos expongan las cifras ante el Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central y las presidencias del Congreso.

La apuesta es concentrar en una sola instancia la validación de los números y zanjar la disputa política con un arbitraje técnico que entregue, según ha planteado, información “única, clara y transparente”.

El tono lo reforzó su futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien descartó que la diferencia responda a errores involuntarios y habló de una presión de gasto sostenida durante años.

La consecuencia, adelantó, será postergar prioridades programáticas para “ordenar la casa” en los primeros 100 días, con foco en seguridad, migración y reconstrucción en Biobío y Viña del Mar.

La futura vocera, Mara Sedini, confirmó que el gabinete entrante ya diseña un plan de crisis. La tensión aumentó tras una minuta de Dipres que anticipa cambios en la forma de calcular el balance estructural, movimiento que en el equipo de Kast leen como un ajuste de última hora en las reglas del juego.

Así, antes incluso de asumir el 11 de marzo, el presidente electo consolida un relato de urgencia fiscal que abre la puerta a recortes profundos. La motosierra, aunque aún no arranca formalmente, ya está sobre la mesa.