La secuencia instaló dudas sobre la conducción política de un proyecto que el Ejecutivo había impulsado y luego desechó, dejando el conflicto abierto para la próxima administración.

El diputado Raúl Soto sostuvo que, aunque la defensa de la soberanía es correcta, la polémica fue mal manejada. Apuntó a versiones contrapuestas, información incompleta y falta de anticipación.

En la misma línea, Jaime Araya advirtió el riesgo de contradicciones y pidió reconstruir con rigor lo ocurrido. A su juicio, resulta difícil entender que se firme y se invalide un decreto de tal magnitud en cuestión de días.

Desde la oposición, Diego Schalper solicitó una sesión especial para que Muñoz y el subsecretario Claudio Araya entreguen explicaciones, e incluso planteó evaluar una comisión investigadora. En paralelo, Jaime Mulet afirmó que alguien no está diciendo toda la verdad.

No todos cargan contra el Ejecutivo. El senador Jaime Quintana recordó que la diversificación digital era consenso desde 2016, mientras Tomás de Rementería defendió la actuación del ministro.

Aun así, el daño político ya está hecho: Boric avanzó con el acuerdo, retrocedió bajo presión y ahora el desenlace quedará en manos de José Antonio Kast, que deberá enfrentar el costo diplomático y estratégico.