El proyecto introduce cambios a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, ajustando los requisitos para crear colectividades y su financiamiento público.

También modifica normas vinculadas a votaciones populares, municipalidades y gobiernos regionales, particularmente en lo referido a la inscripción de candidaturas independientes.

Uno de los puntos más controvertidos fue una norma que permitía a partidos en proceso de disolución fusionarse con colectividades ya constituidas, siempre que estas últimas hubieran alcanzado al menos 5 por ciento de los votos válidos a nivel nacional o contaran con cuatro parlamentarios.

La disposición también exigía que el partido en disolución tuviera al menos un diputado o senador electo.

La propuesta fue rechazada luego de que legisladores de distintos sectores advirtieran que podía transformarse en un “traje a la medida” para colectividades específicas o favorecer a los partidos más grandes, reduciendo el pluralismo del sistema político.

En materia de representatividad, el texto aprobado establece que los partidos podrán existir legalmente si se constituyen en al menos ocho regiones del país y reúnen firmas equivalentes al 0,3 por ciento del padrón electoral definitivo de la última elección de diputados.

La Cámara también rechazó fijar un plazo de 210 días para que los partidos actuales cumplan el mínimo de afiliados exigido para mantener su legalidad. En cambio, respaldó la fórmula del Senado, que amplía ese período a 18 meses.

El proyecto además exige que las colectividades adecuen sus declaraciones de principios en un plazo de seis meses, incluyendo una condena explícita a los sistemas totalitarios, al uso de la violencia en política y a los actos de corrupción.

Entre otras medidas, se establece que quienes organicen un nuevo partido no podrán postular a cargos de elección popular por otra colectividad durante cuatro años desde el inicio del proceso de constitución.

La iniciativa también entrega reconocimiento legal a los comités parlamentarios y fija que el incumplimiento de sus acuerdos será considerado una infracción grave a la disciplina interna.

Respecto de las candidaturas independientes, el texto determina que deberán reunir firmas equivalentes al 0,5 por ciento del padrón electoral correspondiente para formalizar su inscripción.