El cruel plan de Kast para "reconstruir" el país: rebajar impuestos a las empresas y limitar gratuidad universitaria
El Gobierno encabezado por José Antonio Kast presentó en Lirquén, en la comuna de Penco, su denominado Plan Nacional de Reconstrucción, una iniciativa que combina medidas para levantar viviendas tras los incendios y reactivar la economía.
Sin embargo, el paquete ya desató críticas por el tipo de ajustes que propone para financiarlo.
Ministro de Hacienda Jorge Quiroz, sobre las restricciones a la gratuidad:
— T13 (@T13) March 15, 2026
"Lo que estamos haciendo es que a futuro, futuras personas que quieran matricularse y que tengan más de 30 años, no tengan acceso a la gratuidad"
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Según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el proceso de reconstrucción en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío tendrá un costo cercano a 1.000 millones de dólares.
La decisión del Ejecutivo se da en medio de un escenario fiscal complejo, con un déficit heredado de 3,6 por ciento del PIB.
El plan reúne más de 40 medidas distribuidas en cinco ejes. Entre ellas destaca una rebaja del impuesto corporativo desde 27 al 23 por ciento, además de la reintegración del sistema tributario y la eliminación temporal del IVA y del impuesto a las ganancias para viviendas durante 12 meses.
También se plantea un régimen para repatriar capitales desde el extranjero con el argumento de impulsar inversión.
Pero una de las medidas que más polémica generó es la decisión de limitar la gratuidad universitaria para estudiantes mayores de 30 años. La propuesta se suma a una moratoria para la creación de nuevas universidades, con el objetivo declarado de contener el gasto público.
Aunque desde Hacienda aseguran que quienes ya cuentan con el beneficio no lo perderán y que las carreras técnicas no se verán afectadas, la iniciativa abre un debate profundo.
Para muchos críticos, el Gobierno busca recaudar recursos reduciendo derechos educativos mientras reduce impuestos a grandes empresas.
El proyecto también contempla reducir la llamada “permisología” para acelerar inversiones en minería, energía e infraestructura, además de inyectar 400.000 millones de pesos para reconstrucción de viviendas y ampliar el Fondo de Emergencia Transitorio.
Desde la oposición advierten que el plan mezcla reconstrucción con un ajuste económico que golpea beneficios sociales.
El cuestionamiento principal apunta a que restringir la gratuidad universitaria puede afectar la continuidad educativa de jóvenes de sectores trabajadores y de clase media baja.
En un país donde el acceso a la educación superior sigue siendo una herramienta clave de movilidad social, la propuesta instala una tensión evidente entre reconstrucción económica y derechos sociales.







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