Bajo el nombre de “Escudo Fronterizo”, la estrategia combina infraestructura, despliegue de tropas y cambios legales. El Ejecutivo la justifica en el ingreso de más de 180.000 personas en situación irregular en los últimos años, en un contexto marcado por el éxodo venezolano y el aumento de redes vinculadas al crimen organizado.

Pero la medida no es solo operativa. También marca un giro político duro: criminalizar el ingreso irregular, sancionar a quienes transporten migrantes y acelerar expulsiones, una promesa de campaña que apuntaba a 300.000 personas.

El Ejército, en tiempo récord, ya evaluó su capacidad para instalar barreras y reforzar zonas críticas.

El plan incluye puestos de observación permanentes y coordinación internacional, aunque en la práctica instala una señal de cierre que golpea directamente la relación con Perú. La imagen remite inevitablemente al muro impulsado por Donald Trump, con una lógica similar: contener flujos a cualquier costo.

En un país donde la seguridad domina la agenda, Kast apuesta a resultados en 90 días. Sin embargo, el costo político y humano de una medida de este tipo ya abre dudas. Más que resolver el problema, la zanja parece profundizar una frontera no solo física, sino también social y diplomática.