La marcha principal avanzó por la Alameda durante cerca de dos kilómetros, bajo consignas que acusaron un retroceso abrupto frente a las políticas impulsadas por la administración de Gabriel Boric. No fue una reacción aislada: el malestar apunta al fondo de la medida, no a su forma.

Los decretos retirados incluían protección de especies como la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt, la creación de parques nacionales y planes de descontaminación en zonas críticas como el Lago Villarrica.

También contemplaban límites a emisiones de termoeléctricas. Todo quedó en pausa apenas un día después del cambio de mando.

El argumento oficial habla de revisión técnica. Pero en terreno, el diagnóstico es otro: un freno que deja áreas vulnerables frente a la presión extractiva. Especial inquietud generan seis decretos vinculados a la protección de 10 humedales altoandinos en Atacama, estratégicos en medio del avance del litio.

Desde la academia y organizaciones sociales, la señal es considerada grave. Se advierte que territorios completos quedan expuestos a dinámicas económicas sin resguardo ambiental efectivo.

A esto se suma un dato crítico: cerca de 1.4 millones de personas aún no acceden a agua potable.

La protesta no solo fue masiva, fue clara. Apunta a un gobierno que arranca tensionando la relación con el medioambiente y desoye una demanda creciente por protección real de los recursos naturales.