La propuesta, presentada ante el Congreso por la ministra Trinidad Steinert, contempla una baja de 55,6 millones de dólares en Carabineros, 17,4 millones en la Policía de Investigaciones y 5,4 millones en programas como el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y el Plan Calles Sin Violencia.

Es decir, el ajuste pega directamente en las estructuras operativas que sostienen la persecución penal.

Desde el Ejecutivo aseguran que no se tocarán “aspectos sensibles”, pero el argumento no convence. Especialistas advierten que reducir recursos básicos —combustible, traslados, diligencias— afecta de forma inmediata la capacidad policial. La contradicción es evidente: se instala un discurso de urgencia mientras se debilitan las herramientas para enfrentarla.

El recorte se enmarca en un ajuste general de 3 por ciento en todos los ministerios, lo que diluye la supuesta prioridad de la seguridad. Más aún, llega en un contexto donde los homicidios mostraron una caída de 11,5 por ciento en 2025, con una tasa que descendió de 6,1 a 5,4 por cada 100.000 habitantes.

Lejos de un Estado desbordado, los datos sugieren un sistema bajo presión que comenzaba a reaccionar. Aun así, la administración Kast opta por recortar.

El riesgo, advierten expertos, es claro: pérdida de capacidad operativa, descoordinación estratégica y un eventual rebrote del crimen organizado si se afloja la persecución.

El ajuste no solo tensiona la política de seguridad. También deja en evidencia un sello: recortar incluso donde el propio gobierno dice que no se puede fallar.