La nueva línea oficial instala el control y la expulsión como ejes centrales. Desde el organismo, dirigido por Frank Sauerbaum, se argumentó que unas 6000 personas del universo contemplado habrían cometido delitos, una justificación que generaliza y termina afectando a la gran mayoría que no presenta antecedentes.

El Ejecutivo también anunció un aumento de fiscalizaciones laborales en sectores como construcción y gastronomía, donde se concentra mano de obra migrante.

Aunque se insiste en que no será una persecución, el mensaje apunta a endurecer las condiciones de permanencia y trabajo, instalando un clima de presión constante sobre la población extranjera.

En paralelo, Kast impulsa el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, que incluye zanjas, barreras físicas, cámaras, drones y mayor despliegue militar en el norte del país.

La iniciativa contempla una zanja de tres metros de ancho y profundidad por 30 kilómetros en zonas críticas, además de duplicar la presencia de fuerzas armadas en regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El plan se complementa con proyectos de ley que buscan criminalizar tanto el ingreso irregular como a quienes lo faciliten. Inspirado en modelos de seguridad extrema, este enfoque profundiza una mirada que vincula migración con delincuencia sin matices, tensionando el debate sobre derechos humanos y evidenciando un giro hacia políticas abiertamente excluyentes.