A esto se sumó, en cuestión de horas, la detención de un estudiante que intentó ingresar armado a un colegio en Curicó.

Frente a este escenario, el presidente José Antonio Kast anunció ajustes en reglamentos y el impulso de proyectos de ley que habiliten controles más estrictos en los establecimientos. Entre las acciones en carpeta figuran detectores de metales y la revisión obligatoria de mochilas en los accesos.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó que ya existe una ley en proceso de promulgación que permitirá a los colegios instalar dispositivos tecnológicos de control. La señal es clara: aumentar la vigilancia ante un fenómeno que dejó de ser aislado.

Sin embargo, desde el mundo docente advierten que estas medidas no atacan el fondo del problema. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, cuestionó que se pretenda resolver una crisis estructural solo con controles. Planteó la necesidad de abordar la salud mental, la convivencia escolar y el rol de las familias.

El crimen en Calama, que además dejó varios heridos, y el episodio en Curicó reflejan una realidad incómoda: la violencia ya entró a las aulas. Las respuestas llegan, pero bajo presión y con dudas sobre su real alcance.