Entre los principales ejes del plan destacan una rebaja de impuestos a las empresas, modificaciones en la gratuidad universitaria, la eliminación por un año del tributo a la compra de la primera vivienda, subsidios al empleo y una reducción de trabas administrativas para inversiones.

La propuesta, catalogada por algunos sectores como una ley miscelánea, ha generado críticas en la oposición. Diputados ingresaron un oficio para que el texto sea revisado por diversas comisiones y no solo por Hacienda, lo que podría incidir en los tiempos de tramitación.

En paralelo, especialistas han advertido sobre los riesgos de agrupar múltiples materias en un solo proyecto. Mario Herrera señaló que la estrategia del Ejecutivo apunta al “todo o nada” y podría derivar en una discusión prolongada que termine congelando la agenda legislativa.

Marco Moreno, en tanto, indicó que este tipo de iniciativas permite acelerar decisiones, pero también puede tensionar el debate y abrir cuestionamientos sobre su diseño. A su juicio, sin acuerdos previos, la jugada podría ralentizar los objetivos iniciales.

Desde otra vereda, Tomás Duval advirtió que la amplitud del plan pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para alcanzar consensos en un Congreso donde no cuenta con mayoría, con el riesgo de que el núcleo económico termine diluyéndose durante la tramitación.