También contempla la inhabilidad por cinco años para acceder a la gratuidad universitaria en casos de estudiantes condenados por delitos contra la vida, la integridad física o la propiedad, tanto pública como privada. A esto se suman sanciones por la interrupción de clases.

Además, la propuesta deja abierta la posibilidad de extender estas medidas a instituciones de educación superior.

En paralelo, se registró la detención de tres jóvenes en una manifestación en la Universidad Austral de Valdivia, acusados de “atentado contra la autoridad” tras un incidente con un funcionario de la Armada. El Gobierno solicitó prisión preventiva, aunque el tribunal no accedió a la medida.

El debate también se cruza con antecedentes de políticas previas en el ámbito educativo y con el contexto presupuestario, marcado por una reducción de recursos en educación.

Mientras avanza la tramitación, el foco estará puesto en los alcances concretos que tendrán estas disposiciones en la convivencia escolar y en el acceso a beneficios estudiantiles.