El diseño del plan lleva la firma del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien defendió la propuesta como un giro necesario para recuperar inversión y competitividad.

Según afirmó, el objetivo es dejar atrás “la decadencia” y terminar con la “discrecionalidad funcional”, apostando a un modelo donde el pleno empleo sea el eje central.

Pero el alcance va más allá de lo tributario. La lógica del proyecto instala que el pleno empleo debiese ser, idealmente, la única política social. En la práctica, eso pone en entredicho herramientas como la pensión garantizada universal, la gratuidad en la educación superior o los programas de vivienda.

Desde el Frente Amplio, el economista Rodrigo Echecopar advirtió que la propuesta “lo retrata todo”. En diálogo con La Jornada, sostuvo que reducir la política social a ese único eje implica desmantelar pilares que sostienen a los sectores más vulnerables.

El diagnóstico también incluye un impacto fiscal de largo plazo. Según Echecopar, la menor recaudación limitaría la capacidad del Estado para sostener políticas sociales “importantísimas”, en un escenario que ya comienza a tensionar el debate público.