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Crisis interna en La Moneda

Cada vez más solo: Kast enfrenta otra semana complicada tras la renuncia de 20 autoridades regionales y más recortes

Las dimisiones en distintas regiones golpean al Gobierno de José Antonio Kast mientras crecen las críticas por desorden interno y ajustes presupuestarios. (Dibujo: ChatGPT-IA)

La salida de 20 autoridades regionales en apenas dos meses volvió a tensionar al Gobierno de José Antonio Kast y dejó expuestas las dificultades de coordinación dentro de La Moneda.

Las renuncias se registraron en las 16 regiones del país y afectaron a distintas secretarías regionales ministeriales, en medio de crecientes cuestionamientos opositores al funcionamiento del llamado “Segundo Piso”, el círculo más cercano de asesores presidenciales.

La última dimisión fue la de Camila Alonso, seremi de Bienes Nacionales en Antofagasta, quien argumentó “razones personales”, una explicación repetida en varias de las salidas recientes. Entre los casos más comentados aparecen los seremis de Cultura en Aysén y la Región Metropolitana, que alcanzaron a permanecer solo un día en el cargo.

También dejaron sus funciones autoridades de Trabajo y Salud en Valparaíso; Educación en Biobío; Obras Públicas en Los Ríos; Energía en Los Lagos y La Araucanía; además de representantes de Desarrollo Social, Mujer y Justicia en Antofagasta.

El diputado Jaime Araya apuntó directamente contra el equipo presidencial. “No puede ser el desorden y la descoordinación que genera el Segundo Piso, con sueldos millonarios pagados con fondos públicos”, afirmó, en medio del conflicto entre asesores y vocerías oficialistas que, según medios locales, evidenció fallas estructurales en la conducción política.

La situación golpea a Kast mientras impulsa una reforma tributaria orientada a reducir impuestos con el objetivo de aumentar el crecimiento económico. La oposición cuestiona la propuesta y sostiene que no asegura empleo ni mayor actividad.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo enfrenta críticas por un recorte de 32.721 millones de pesos al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, equivalente al 2,2 por ciento de su presupuesto.

La medida impacta programas dirigidos a infancia, juventud y pueblos indígenas, incluyendo la reducción del plan de apoyo para recién nacidos.

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