En seis casos, los certificados presentados contenían información sobre condenas, pero la empresa encargada de revisarlos no validó esos antecedentes ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. En otros diez casos, ni siquiera se acreditó que dichos documentos hubieran sido solicitados.

La revisión también estableció que fueron contratados 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en Chile. Entre ellos había personas con residencias revocadas y un caso con una expulsión administrativa pendiente.

A esto se suma que el INE no pudo demostrar que más de 130 trabajadores contratados para cargos de coordinador de local censal y gestor administrativo cumplieran con los requisitos educacionales exigidos. Debido a estas deficiencias, no se aplicaron multas por 131.972.500 a las empresas responsables del reclutamiento y selección de personal.

La Contraloría ordenó instruir un sumario administrativo y además formuló un reparo por 315.645.819. Paralelamente, evalúa antecedentes relacionados con un pago de 166.356.508 efectuado a censistas por labores cuya realización no pudo acreditarse.

Entre los hallazgos más relevantes también figura la imposibilidad de comprobar el trabajo efectivo de 515 censistas que recibieron pagos por ese mismo monto.

Asimismo, se detectó que 267 personas prestaron servicios para el censo mientras mantenían contratos vigentes con otros organismos públicos, situación que no fue informada pese a la obligación de declararla. Estos antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.

La auditoría también observó la participación de una exasesora del INE en la comisión evaluadora de una licitación, pese a que representaba legalmente a una de las empresas involucradas en el proceso.

En materia de gestión de recursos, el informe señala que se suscribieron 77 contratos de arriendo para oficinas y locales censales sin fundamentos técnicos o formales que justificaran la elección de los inmuebles.

Además, cinco de esos contratos se extendieron hasta por 12 meses, aunque el censo tuvo una duración aproximada de cinco meses, generando pagos no justificados por 49.430.231.

Otra observación apunta a un desembolso de 134.243.088 realizado el 1 de mayo de 2024 para el traslado de funcionarios y censistas, pese a que ese día no se efectuaron labores censales que respaldaran dicho gasto.

Finalmente, la Contraloría advirtió la falta de planificación respecto del destino de los equipos tecnológicos adquiridos para el operativo. Tras el término del proceso, 4.588 computadores y 37.529 smartphones permanecieron durante meses en bodegas arrendadas.

Al 7 de noviembre de 2025 todavía seguían almacenados 484 computadores y 29.226 teléfonos inteligentes bajo custodia de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, organismo que recibió un plazo de 60 días hábiles para resolver su destino.