El texto continuará ahora su tramitación en la Comisión de Hacienda y luego será revisado por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente. El plazo para presentar indicaciones y modificaciones vence el próximo 6 de julio, antes de que la propuesta vuelva a la Sala.

Sin embargo, el estrecho resultado dejó al Ejecutivo en una posición delicada. Uno de los votos clave fue el del senador independiente Miguel Ángel Calisto, quien enfrenta una nueva solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones por unos 105 millones de pesos, equivalentes a 113 mil dólares. La acusación contempla una pena que podría llegar hasta los 12 años de cárcel.

Calisto ya había sido desaforado cuando era diputado, aunque pudo competir por un escaño en el Senado al no registrar una condena penal firme ni una pena aflictiva al momento de la elección. Mientras el nuevo desafuero no quede confirmado, continuará ejerciendo el cargo y percibiendo su dieta parlamentaria.

El analista político y director de Administración Pública de la UNAB, Roberto Munita, advirtió a BioBíoChile que la eventual salida del senador podría complicar el futuro del proyecto. “En este segundo trámite (el proyecto de ley) requiere mayoría absoluta de los senadores. Esto quiere decir que si son 50, requiere de 26 votos. Ahora, si baja a 49, como es la mitad más uno, siguen necesitando los 26 votos, y por lo tanto puede ser complicado para el oficialismo”, señaló.

En la misma línea, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, explicó que “Hay varias formas por las que el senador Calisto podría perder su cargo: por el desafuero como senador; por el Tribunal Constitucional (TC) al decir que no cumple con los requisitos para ser parlamentario; y por estar condenado por estos delitos por lo que se piden 12 años de cárcel. Todos estos caminos corren de forma paralela”.