El reportaje explica que la normativa del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias impide que un asesor sea candidato y, al mismo tiempo, mantenga funciones en el Congreso.

Por esa razón, estos colaboradores debieron poner fin o suspender sus contratos antes de competir en las elecciones municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales. De los 67 casos detectados, 58 correspondían a personas que efectivamente fueron candidatas, en su mayoría a concejales.

El cruce de información realizado por CIPER entre las indemnizaciones pagadas por la Cámara y el Senado y las rendiciones del Servel también detectó que cuatro asesores recibieron aumentos de sueldo poco antes de ser finiquitados, elevando así el monto de sus indemnizaciones.

Entre ellos figura un asesor del diputado Nelson Venegas, cuyo salario pasó de 1,3 millones a 2,8 millones de pesos antes del término de su contrato. El parlamentario sostuvo que el incremento se debió a que el trabajador «había mejorado su condición académica».

La investigación además identificó cuatro casos de asesores que desarrollaron labores en campañas electorales mientras seguían contratados por el Congreso, entre ellos colaboradores vinculados a Enrique Lee, Sofía Cid y Joanna Pérez. Todos fueron posteriormente recontratados.

Los antecedentes muestran que entre 2022 y marzo de 2026 la Cámara desembolsó 5.700 millones de pesos en indemnizaciones para 1.336 asesores y volvió a contratar a 489 de ellos, con un gasto asociado de 2.400 millones de pesos.

En el Senado se pagaron 2.188 millones de pesos para indemnizar a 218 asesores, de los cuales 23 regresaron a sus cargos. Según los datos obtenidos por CIPER vía Ley de Transparencia, el gasto en finiquitos pasó de 31 millones de pesos en el período 2012-2014 a 5.700 millones de pesos entre 2022 y 2026.