La instancia cerró tres jornadas de votaciones en las que se revisaron materias clave como el financiamiento del fondo, la cobertura del beneficio y la incorporación de un mecanismo de copago para las familias.

Luego de la aprobación, la ministra de la Mujer, Judith Marín, valoró el avance del proyecto y señaló que “hoy comenzamos a hacernos cargo de terminar con la discriminación hacia las mujeres en el mundo del trabajo”, manifestando además su expectativa de que la iniciativa pueda transformarse en ley en el corto plazo.

Entre los puntos visados se estableció que el fondo solidario será financiado mediante una cotización de 0,35 por ciento a cargo del empleador.

Ese aporte será compensado con una reducción de 0,2 por ciento de la tasa destinada a las cuentas individuales de cesantía y otra disminución de 0,15 por ciento correspondiente al Fondo de Cesantía Solidario.

El proyecto también incorporó la posibilidad de copago por parte de las familias y amplió la cobertura para incluir establecimientos con autorización de funcionamiento, además de aquellos que cuentan con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.

Tras la votación, el senador independiente Rojo Edwards calificó el avance como “un momento bastante histórico” y sostuvo que la propuesta corrige una distorsión de larga data en el mercado laboral.

“Durante más de un siglo la contratación de mujeres implicó un mayor costo para los empleadores, lo que incidió en brechas de participación laboral y desempleo femenino”, afirmó.

En contraste, la senadora Yasna Provoste criticó el contenido del proyecto y aseguró: “La Moneda engaña cuando dice que es universal y no es sala cuna, porque no tiene los estándares de calidad y no asegura los derechos de niños y niñas de nuestro país”.