La medida forma parte del plan de consolidación fiscal prometido durante la campaña presidencial. El objetivo es alcanzar un recorte total de 6.000 millones de dólares, una meta que el nuevo Ejecutivo pretende comenzar a ejecutar desde el inicio de su mandato.

El contexto fiscal explica parte del argumento oficial, aunque no despeja las críticas que ya surgen frente a un ajuste que impactará de forma transversal en el Estado. La semana pasada, el Consejo Fiscal Autónomo publicó su informe sobre el desvío de la meta de balance estructural de 2025.

El documento advierte errores “reiterados y significativos” en la conducción fiscal reciente y señala que la administración entrante recibirá un déficit de 3,6 por ciento, mientras la deuda del Gobierno Central bordea el 40 por ciento del PIB.

El organismo también alertó sobre un escenario de estrés fiscal marcado por déficits estructurales elevados, menor nivel de activos del Tesoro Público y un aumento sostenido del gasto en intereses.

Para el primer año del nuevo gobierno se proyecta un déficit de 2,7 por ciento. Aunque la cifra se ubica por debajo de promedios históricos, el diagnóstico empuja al Ejecutivo a aplicar un recorte inicial de al menos 3.000 millones de dólares, que podría implementarse mediante decretos.

El resto del ajuste dependerá del Congreso, donde el oficialismo deberá negociar cambios a la Ley de Presupuestos en un escenario político equilibrado. Allí se anticipa una discusión más compleja sobre cómo y dónde recortar recursos.

En la práctica, el equipo económico de Quiroz inicia su gestión con una estrategia clara: apretar el cinturón fiscal de inmediato, aun cuando el impacto de estos recortes sobre el funcionamiento del Estado y las políticas públicas ya comienza a generar inquietud.