Arrancó con el pie izquierdo: Kast indultará a policías condenados por represión
El presidente José Antonio Kast confirmó que utilizará la facultad presidencial de indulto para beneficiar a policías y militares condenados por la represión ejercida durante el estallido social de 2019, una decisión que reabre el debate sobre la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos.
En una entrevista con Canal 13, el mandatario aseguró que su gobierno está revisando los antecedentes de los uniformados sentenciados y que avanzará con liberaciones una vez analizados los casos. “Estamos en eso”, dijo, al ser consultado por la posibilidad de conceder los indultos. Luego remarcó que la atribución presidencial existe y que planea usarla.
La postura no sorprende. Durante la campaña presidencial de 2025, Kast prometió indultar “a todos” los carabineros encarcelados por delitos cometidos durante las protestas. En ese momento sostuvo que los uniformados eran víctimas de persecución judicial.
El estallido social comenzó en octubre de 2019, durante el gobierno de Sebastián Piñera, y derivó en una de las crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas en Chile. El propio Kast suele referirse a ese proceso como un “estallido delictual”.
Las cifras muestran la magnitud del conflicto. Entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se registraron más de 35.000 delitos, según la Fiscalía. De ese total, el 34 por ciento corresponde a hechos cometidos por agentes del Estado.
La represión dejó además un saldo de 30 manifestantes muertos y 464 personas con lesiones oculares, uno de los episodios más graves documentados durante las movilizaciones.
Pese a ese escenario, el nuevo presidente insiste en abrir la puerta a liberar a uniformados condenados. La señal es clara: el gobierno se prepara para utilizar el indulto como herramienta política, incluso en casos vinculados a abusos policiales.
El debate sobre la impunidad no se limita al estallido social. Durante la campaña, Kast también dijo estar dispuesto a estudiar indultos para algunos militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, período que dejó más de 3.200 víctimas entre ejecutados y desaparecidos.
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