Opinión
A la izquierda de Marx

Biden presenta un arsenal de regulaciones bancarias para frenar la corrida y salvar a los bancos

El presidente Joe Biden.

Frente a la incipiente corrida contra los depósitos bancarios y la caída de grandes entidades financieras como el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, el presidente Joe Biden se desligó de cualquier responsabilidad, volvió a culpar al expresidente Trump por la crisis bancaria (anteriormente lo había culpado por la elevada inflación), y anunció una serie de propuestas para intensificar la presión regulatoria.

El diagnóstico del gobierno demócrata entiende que la falta de confianza de los ahorristas y las decisiones de los bancos están vinculadas con la “falta de regulación y supervisión” de las autoridades pertinentes, lo cual es extraño porque desde 2018 que este marco regulatorio más flexible está vigente, y recién este año hubo una corrida.

Lo que no dice Biden es que lo que sí cambió es la propia política monetaria de la Reserva Federal, que mantuvo la tasa de interés en casi 0% a lo largo de la pandemia y recientemente empezó a subirla bruscamente, de 0 a 5 puntos porcentuales en pocos meses.

Las medidas presentadas con las siguientes:

La elevación de los requisitos de capital para bancos pequeños y medianos;

Actualización de las “pruebas de estrés”, los informes que deben presentar los bancos ante la velocidad de rotación de los depósitos. Aumento de la frecuencia para la solicitud de estos informes;

Nueva obligación para los bancos medianos a que presenten un “plan de cierre” predeterminado;

Limitación de la cantidad de bancos que deben contribuir a reponer el Fondo de Seguro de Depósitos;

Generalización de la garantía para depósitos, aunque no así para instituciones financieras.

Las medidas apuntan a dar marcha atrás con gran parte del proceso de desregulación bancaria implementado por Donald Trump en el año 2018. La desregulación del Gobierno anterior incluía la flexibilización de los requisitos de capital para instituciones pequeñas y medianas, aunque no así para los grandes bancos.

Los requisitos de capital determinan cuánto capital líquido deben mantener los bancos (comúnmente en la forma de títulos valores que se transforman en dinero rápidamente) como proporción del total de sus activos.

Estas regulaciones pretenden abordar el problema de la insolvencia de las instituciones financieras en momentos de estrés y corrida contra los depósitos, pero lo cierto es que no atacan las causas de estos eventos (que son impredecibles) sino que solo operan sobre las consecuencias, pero a un costo atroz en materia de crecimiento y expansión del crédito.

Los requisitos más estrictos sobre el capital líquido incentivan activamente la reducción de la toma de riesgos por parte de los bancos (disminuyendo la cantidad de proyectos que están dispuestos a financiar).

Además, se provoca una fuerte retracción de la competencia bancaria, cuyo efecto más palpable es el aumento del costo general del crédito para empresas y consumidores. Este punto de vista fue el que se adoptó bajo la desregulación trumpista. La administración Biden pone el foco en los bancos medianos, catalogados como tales por mantener una posición de activos de entre US$ 100.000 millones y US$ 250.000 millones.

Los requisitos más estrictos sobre el capital líquido incentivan activamente la reducción de la toma de riesgos por parte de los bancos (disminuyendo la cantidad de proyectos que están dispuestos a financiar).

Además, se provoca una fuerte retracción de la competencia bancaria, cuyo efecto más palpable es el aumento del costo general del crédito para empresas y consumidores. Este punto de vista fue el que se adoptó bajo la desregulación trumpista. La administración Biden pone el foco en los bancos medianos, catalogados como tales por mantener una posición de activos de entre US$ 100.000 millones y US$ 250.000 millones.

La falta de apoyo parlamentario para derogar la legislación de 2018 obliga al Gobierno a hacer uso de cláusulas que ya estaban presentes en la ley de Trump, especialmente sobre la capacidad de las agencias federales para introducir regulaciones con un cierto nivel de discreción. Sin embargo, el margen de maniobra es sustancialmente acotado en comparación a la legislación previa al 2018

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