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Presión pública

Boric, al horno: la fiscalía inició las primeras diligencias por la fallida compra de la casa de Salvador Allende

El presidente, Gabriel Boric. (Foto: GROK-IA)

La fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado ha desatado una tormenta política que complica al Gobierno de Gabriel Boric y reabre tensiones en torno al legado del mandatario socialista derrocado en 1973. La fiscalía inició este viernes las primeras diligencias en el marco de la investigación, citando a figuras clave del caso.

Entre las personas convocadas a declarar se encuentran la senadora socialista Isabel Allende, hija menor del expresidente y administradora del inmueble, y la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, también copropietaria de la vivienda y nieta de Salvador Allende. Ambas han optado por guardar silencio, aunque se comprometieron a colaborar en el futuro. “Declararemos cuando lo consideremos oportuno”, expresó Paula Vial, abogada de ambas, quien subrayó que sus acciones se enmarcan en la buena fe.

El caso se originó el pasado 31 de diciembre, cuando el Ejecutivo anunció la compra de la vivienda, valorada en más de 900.000 dólares, con el objetivo de convertirla en un museo dedicado a la memoria de Allende. Sin embargo, la operación fue rápidamente cuestionada por juristas y opositores, quienes alegaron que la transacción violaba un artículo de la Constitución que prohíbe a legisladores y ministros realizar contratos con el Estado.

La presión pública llevó al Gobierno a cancelar la compra apenas tres días después. No obstante, el tema escaló judicialmente el 6 de enero tras una denuncia de la organización Fundación Fuerza Ciudadana, lo que derivó en la destitución de la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.

Las repercusiones políticas no han cesado. Esta semana, dos partidos opositores presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para destituir a Isabel Allende de su cargo en el Senado. Paralelamente, diputados de Renovación Nacional exigieron la renuncia de la ministra de Defensa en una carta dirigida al presidente Boric.

En medio de la controversia, el mandatario chileno, conocido por su admiración hacia Allende y su compromiso con preservar su legado, ha optado por el silencio. Mientras tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, no descartó la posibilidad de que Boric sea citado a declarar si la investigación lo requiere.

El caso ha puesto en jaque al gobierno y reavivado debates históricos. Salvador Allende, elegido en 1970, gobernó en un período marcado por la tensión con Estados Unidos y las dificultades económicas. Su muerte durante el golpe militar liderado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 simboliza uno de los capítulos más oscuros de la historia, cuya sombra sigue proyectándose sobre el presente político del país.

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