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Hipócrita

Boric llegó al Gobierno y se olvidó de su pasado huelguista: prohibió las protestas en 61 empresas

El actual mandatario sostiene una medida implementada en 2016 por Bachelet que limita el derecho de los trabajadores.

A través del Diario Oficial, el Gobierno de Gabriel Boric anunció las 61 empresas calificadas como “estratégicas”, que no tendrán derecho a huelga por un periodo de dos años. Esta política implementada por Michelle Bachelet en el 2016 y que se mantiene hasta la actualidad es una medida antidemocrática que excluye a las y los trabajadores de estas empresas de un derecho básico como lo es el derecho a huelga.

A través del Diario Oficial, el Gobierno de Gabriel Boric anunció las 61 empresas calificadas como “estratégicas” por los ministerios de Economía, del Trabajo y de Defensa. Esto establece que aquellas empresas no tendrán derecho a huelga por un periodo de dos años, lo cual es declarado en el artículo 362 del Código del Trabajo. Allí se señala que “no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública (...) caso en el cual los trabajadores están sometidos a un procedimiento alternativo reglado en la ley, como es el arbitraje forzoso”.

Gas, luz, agua y energía, son algunos de los rubros que serán considerados como "esenciales" impidiendo a sus trabajadores ejercer el derecho a huelga.

A partir de la reforma laboral llevada a cabo por Michelle Bachelet durante el 2016, las empresas se postulan para ser parte de esta categoría, y de ser elegidas por Gobierno se les asegura el apoyo del Estado para restringir las movilizaciones de sus trabajadores. Así, esta reforma sólo reforzó el sistema laboral heredado de la dictadura, coartando un derecho básico como lo es el derecho a huelga.

Por ende, está política se constituye como un instrumento autoritario del poder ejecutivo, mediante el cual puede escoger las empresas que pertenecen a esta categoría, coartando el derecho a huelga de sus trabajadores y subordinados a una medida totalmente antidemocrática, quedando en manifiesto cómo el Estado garantiza las condiciones necesarias para que el mercado continúe beneficiándose a expensas de la explotación de las y los trabajadores, quitando derechos tan básicos como la huelga, a fin de que no se vean afectados sus negocios.

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