Este intento de reforma, que promete recortar derechos laborales, ha encendido las alarmas entre quienes alguna vez vieron en Boric un aliado de la clase trabajadora, revelando una decepción que amenaza con fracturar su base de apoyo.

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, fue claro al advertir que esta acción marca el inicio de un proceso de movilización del sector público, decidido en el Consejo Directivo Nacional.

“Defendemos el empleo y a los trabajadores del Estado”, afirmó, en un mensaje que resuena como un ultimátum.

Sin embargo, el silencio de Boric ante esta protesta inicial expone su desvío de los ideales que lo llevaron al poder en 2021, cuando las promesas de justicia social y diálogo con los sindicatos lo catapultaron como esperanza de cambio.

Ahora, su gobierno parece alinearse con una agenda que castiga a los trabajadores, en lugar de protegerlos, bajo la excusa de combatir abusos en el uso de licencias médicas.

La reforma, impulsada sin consulta previa con los gremios, elimina beneficios como el pago íntegro del sueldo tras 10 días de reposo y abre la puerta a despidos por uso reiterado de licencias, medidas que los sindicatos califican de regresivas.

Este proyecto, más que una solución, parece un ataque a la seguridad social, ignorando las condiciones laborales que han deteriorado la salud de los empleados públicos.

Boric, que llegó prometiendo revertir el legado pinochetista, hoy replica sus políticas al priorizar el ajuste fiscal sobre los derechos conquistados.

La falta de diálogo con la CUT y la ANEF no solo rompe acuerdos previos, sino que confirma la percepción de un gobierno que prefiere imponer que escuchar.

Su incapacidad para liderar con coherencia lo convierte en un Presidente atrapado entre sus promesas y las presiones económicas, dejando a los trabajadores como rehenes de su indecisión.