Kast insistió en que no habrá afectación de derechos, aunque reconoció la necesidad de ordenar las finanzas públicas. “Dijimos que no íbamos a cortar derechos a las personas y no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que ordenar la casa”, afirmó, junto con recalcar que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir todas las demandas.

Desde Hacienda, Quiroz intentó bajar el tono a la polémica, atribuyendo el uso del término “descontinuar” a un lenguaje técnico que, según explicó, apunta a reformulaciones y no a eliminaciones.

Sin embargo, el anexo exploratorio de la Dipres encendió alertas al proponer reducciones de al menos un 15 por ciento en prestaciones desde 2027.

Entre las áreas en la mira figuran la Pensión Garantizada Universal, el Bono de Invierno, el Subsidio Único Familiar y el Programa de Alimentación Escolar, además de apoyos al transporte y programas para personas en situación de calle.

Desde Renovación Nacional marcaron distancia. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, advirtió que los beneficios sociales son un “límite” que no debe cruzarse. A esto se sumaron críticas por la forma en que se comunicaron las medidas y exigencias de mayor claridad desde la oposición.

Mientras tanto, el debate se profundiza con solicitudes para transparentar ajustes presupuestarios ya aplicados.

La discusión del Presupuesto 2027, que arranca en octubre, se proyecta como un escenario complejo para un Gobierno decidido a avanzar en un ajuste que ya genera resistencias.