La medida representa el inicio de una estrategia más amplia orientada a endurecer el control migratorio y cumplir con una de las principales promesas de campaña del mandatario: avanzar en la expulsión de cientos de miles de migrantes irregulares.

Sin embargo, en este primer vuelo no se incluyeron ciudadanos venezolanos, pese a que constituyen una gran parte de la población migrante irregular en el país. La ausencia responde, en parte, a dificultades diplomáticas y logísticas para concretar expulsiones hacia Venezuela.

Desde el Gobierno señalaron que este tipo de operativos se realizarán de manera continua, combinando expulsiones administrativas —por infracciones migratorias— y judiciales, vinculadas a delitos.

El plan también contempla reforzar la fiscalización fronteriza y acelerar la ejecución de órdenes de expulsión pendientes, que superan las 40.000 en todo el país.

La política migratoria de la actual administración ha generado debate tanto a nivel político como social, en un contexto marcado por el aumento de la migración en los últimos años y la presión por garantizar mayor seguridad y control territorial.

Con este primer vuelo, el Ejecutivo busca dar una señal concreta de avance en su agenda, aunque persisten desafíos operativos y diplomáticos que podrían condicionar el alcance real de las expulsiones en el corto plazo.