Desde entonces, sin embargo, han aparecido nuevas aristas en diferentes regiones del país. El allanamiento de hoy tiene relación a una hebra del caso Convenios investigada por la Fiscalía de Tarapacá, en la zona norte de Chile, “con el objeto de incautar todos los antecedentes físicos y digitales relacionados con las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano”, informó el Ministerio Público.

En forma paralela, la policía ha allanado dependencias del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) en diferentes regiones del país, informa la prensa local.

La acción en la sede principal de la cartera ha sido llevada adelante por la Brigada Anticorrupción de Policía de Investigaciones, PDI, en las dependencias centrales del ministerio, ubicadas en la principal avenida de Santiago, la Alameda.

Aunque ha sucedido antes, en Chile no parece frecuente para la opinión pública que la policía allane oficinas de la primera línea de un Gobierno en el marco de investigaciones por corrupción. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha sido por décadas un dirigente histórico del Partido Socialista y en el marco del caso Convenios esta formación política lo ha intentado salvar en todos los momentos complejos, porque ha sido en este ministerio donde se ha centrado principalmente la trama.

Mientras el oficialismo y el propio Montes defienden que no estaban al tanto de las irregularidades investigadas por la Fiscalía –que afectan sobre todo a la nueva generación de izquierda del Frente Amplio, la coalición de Boric–, la derecha opositora pide responsabilidades políticas.

El ministro Montes se encontraba en su oficina mientras se ha desarrollado la acción judicial y policial, de acuerdo a los medios locales.

Desde la Fiscalía de Tarapacá comentaron lo sucedido: “Esta mañana, la brigada de Delitos Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, bajo la dirección del fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, allanó las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Santiago”.

Esto, agregaron, “con el objeto de incautar todos los antecedentes físicos y digitales relacionados con las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano, en el marco de la investigación que sigue adelante dicha Fiscalía por las transferencias realizadas entre la seremía de Vivienda de Tarapacá y dichas fundaciones, las que suman unos 1.800 millones de pesos [poco más de 2 millones de dólares]”.

El Ministerio Público de Tarapacá agregó que “la entrada y registro se realiza en las oficinas del ministerio y la subsecretaría de Vivienda, la División de Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios, todos ubicado en Alameda 924″.

Ocurrió a las 9:50 de la mañana, cuando ingresaron 12 personas de la Fiscalía y la PDI con la orden de allanamiento. Pasado el mediodía en Chile, seguían dentro.

La Contraloría General de la República informó a comienzos de septiembre que la sede regional del ministerio en Tarapacá –lo que se conoce en Chile con el nombre de SEREMI– mantenía rendiciones pendientes respecto de la fundación En red Social por más de 168 millones de pesos (unos 190 mil dólares) y la fundación Enlace Urbano por casi 432 millones de pesos (unos 500 mil dólares). El órgano que controla la probidad del Estado chileno detectó diversas observaciones a la aplicación de estos convenios.

El ministerio de Vivienda, a través de un comunicado, ha señalado que la cartera “está prestando toda la colaboración posible en el marco del procedimiento de registro de entrada e incautación que efectúa la fiscalía de Tarapacá en el ministerio, lo que está acotado a las dependencias de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la División de Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios”.

Además, indica que “se trata de una autorización voluntaria y en el marco de una denuncia hecha por el mismo Ministerio en la región de Tarapacá relacionada a las fundaciones Enlace Urbano y En Red por convenios suscritos desde 2021″. De acuerdo al ministerio, “desde el principio de este caso, y de manera proactiva, esta secretaría de Estado ha colaborado con los requerimientos de la institucionalidad en el marco del caso Convenios-Minvu entregando toda la información sobre el particular”.